La Justicia rechazó un recurso de Anses y ordenó que Cristina cobre la pensión de privilegio
El Ministerio de Capital Humano anunció que apelará ante la Corte Suprema mediante un recurso de queja.
La Cámara Federal de la Seguridad Social rechazó el recurso extraordinario presentado por la ANSES y dejó firme la decisión judicial que ordena restituir la pensión a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como viuda de Néstor Kirchner. Desde el Gobierno confirmaron que avanzarán con un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La resolución fue adoptada por la Sala III del tribunal previsional, que desestimó el planteo del organismo y ratificó la medida cautelar que había ordenado el restablecimiento del beneficio. La decisión se enmarca en un conflicto iniciado a fines de 2024, cuando la ANSES resolvió dar de baja tanto la pensión como la jubilación de la exmandataria tras la confirmación de la condena en la causa Vialidad.
A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano sostuvo que apelará el fallo y cuestionó los fundamentos de la resolución judicial. En presentaciones anteriores, el organismo había argumentado que la restitución del beneficio “afecta el principio de legalidad” y desconoce la “prohibición expresa del derecho al cobro” en casos de condena e inhabilitación.
Sin embargo, la Cámara ya había intervenido previamente para suspender la decisión administrativa de la ANSES. En esa instancia, consideró que el organismo no podía dar de baja la pensión, sino únicamente suspenderla, y cuestionó que se hubiera eliminado el beneficio “por cuestiones de honor”.
El fallo también establece una distinción entre las prestaciones. Tal como señala TN, mientras que ordena restituir la pensión como viuda del expresidente, sigue suspendida la jubilación correspondiente al cargo de presidenta, al entender que la condena judicial habilita esa medida.
De este modo, el caso continuará su recorrido judicial en el máximo tribunal del país, en un expediente que combina aspectos previsionales y constitucionales, y que mantiene abierto el debate sobre el alcance de los beneficios para exfuncionarios con condena.
