LA PAGAMOS LOS ARGENTINOS
Otra mala gestión kirchnerista y una gravísima consecuencia económica para el pueblo argentino. Kicillof y Cristina los responsables de la expropiación de YPF que ahora debe afrontar el Gobierno.
Por Esteban Di Carlo
El 3 de mayo de 2012 la Cámara de Diputados con 208 votos afirmativos aprobó el proyecto kirchnerista que declaró de “utilidad pública” el 51 % de YPF y obligó al Estado a expropiar la participación de Repsol.
Un mes antes, el Senado lo había avalado por 63 a 3.
La nómina revela un amplio respaldo peronista, pero también el acompañamiento de buena parte de la UCR, el socialismo, Proyecto Sur y bloques provinciales que entonces reivindicaron la “recuperación de la soberanía hidrocarburífera".
La alegría, el jolgorio, los abrazos, fueron similares a cuando Rodríguez Saa anunció el default en el 2001.
Toda causa, tiene su consecuencia,
En el año 2015 se inició el juicio en Estados Unidos cuya sentencia en septiembre de 2023 obligó al país a pagar U$s 16.000 millones y este lunes ordenó que el Estado argentino entregue el 51% de YPF a los fondos litigantes como forma de pago de la sentencia.
Lejos están las famosas bravuconadas de Axel Kicillof quien entre otras cosas decía “Tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto” para agregar más adelante que "la expropiación no iba a costar un solo peso".
Evidentemente no eran tarados lo que pensaban eso.
Tarados son otros.
La expropiación es un instituto previsto en el art 17 de la Constitución Nacional.
"La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada...”
Tiene dos requisitos que cumplir: la primera, que el Congreso declare causa de utilidad pública; y la segunda, que haya una indemnización previa.
El segundo requisito no se cumplió.
En realidad, el segundo requisito no lo cumplió el kirchnerismo, pero tarde o temprano se tiene que cumplir.
Pasaron trece años, tres gobiernos, y la sentencia finalmente obliga a pagar al país casi el mismo valor que el crédito que otorgó recientemente el FMI.
Es decir, una nueva deuda que el país tiene que abonar por la mala praxis kirchnerista.
Si es que consideramos mala praxis, y no que hubo una intención para ocultar la ganancia de la familia Eskenazi que, sin poner un solo peso, adquirió acciones de YPF, que después iba pagando con la utilidad que obtenía anualmente de la misma empresa.
La familia Eskenazi, tiene amplia relación con la familia Kirchner; relación que nació a mediados de los 90, cuando el grupo se alzó con el control del Banco de Santa Cruz.
¿La expropiación era una forma de ocultar algún negociado similar a la expropiación de Ciccone Calcográfica para proteger a Amado Boudou?
Es una posibilidad.
La pregunta que se impone en estas circunstancias, es por qué los funcionarios no deben rendir cuentas, como rinde cualquier otro profesional cuando se equivoca, y se le impone alguna sanción que le impida ejercer cargos públicos por su impericia demostrada.
Un médico, un abogado, un ingeniero, un arquitecto, en caso de cometer un error pone en riesgo su matrícula o credencial.
Un funcionario, como Kicillof, lejos de asumir su irresponsabilidad sale a boquear y a buscar responsables fuera de su ámbito ideológico.
La responsabilidad económica del kirchnerismo no se circunscribe a la volatibilidad del dólar en su período, a la alta tasa de inflación, y la falta de recetas para controlarla; y mucho menos, al déficit fiscal en todos y cada uno de los períodos.
La responsabilidad económica también abarca este tipo de actos violatorios de los más elementales derechos, con la creencia que el mandato del pueblo le permitía realizar cualquier cosa.
Primero fue la estatización de Aerolíneas Argentinas bajo el tenue argumento que se "necesitaba una aerolínea de bandera"; después fue la expropiación de YPF.
En ambos casos, no se pagó.
En ambos casos, se ha generado un conflicto legal prolongado, con consecuencias financieras para Argentina, que se enfrenta a la posibilidad de embargos si no cumple con la sentencia en su contra.
Es decir, la fiesta del kirchnerismo, y sus consecuencias nefastas, se siguen pagando.
Y no las pagan los anfitriones de la fiesta.
Las pagamos nosotros, los argentinos.
