Lanzan nuevo plan de retiros voluntarios para empleados estatales
Contempla compensaciones económicas según la edad, los aportes jubilatorios y la antigüedad. La inscripción comenzará el 1 de noviembre y quienes adhieran no podrán volver al Estado durante ocho años.
El Gobierno nacional oficializó este lunes un nuevo régimen de retiros voluntarios para empleados de la Administración Pública Nacional centralizada, como parte de su política de reorganización y reducción de la estructura estatal.
La medida fue establecida mediante el Decreto 1203/2026, publicado en el Boletín Oficial, y contempla compensaciones económicas que varían según la edad, los años de servicio y la situación previsional de cada trabajador.
El período de inscripción se extenderá del 1 al 30 de noviembre de 2026, aunque el Gobierno podrá prorrogarlo por única vez durante otros 30 días.
El programa está destinado a empleados de planta permanente y trabajadores con contratos por tiempo indeterminado. No incluye al personal contratado de manera transitoria ni a los organismos descentralizados, como ANSES, que cuentan con regímenes propios.
La normativa establece tres categorías de beneficiarios, con diferentes modalidades de compensación.
Para las mujeres de 58 años o más y los hombres desde los 63 que no reúnan los aportes necesarios para jubilarse, se contempla la posibilidad de recibir una gratificación única o cobrar el 60% de la remuneración bruta mensual durante un período de hasta 36 meses.
En el caso de las mujeres de entre 58 y 64 años y los hombres de 63 y 64 años que acrediten al menos 30 años de aportes, se establece una compensación calculada según la antigüedad, con los límites previstos en la normativa, más cinco remuneraciones adicionales.
Por su parte, las mujeres de hasta 57 años y los hombres de hasta 62 podrán acceder a una suma equivalente a un salario por cada año trabajado, con un límite de 20 remuneraciones, más un adicional de cuatro o cinco salarios de acuerdo con su antigüedad.
La adhesión al régimen no será automática. Cada solicitud deberá ser evaluada por las autoridades de la jurisdicción correspondiente, que podrán rechazarla cuando consideren que la salida del trabajador afectaría la prestación de servicios.
Además, el decreto establece que los cargos presupuestarios de quienes acepten el retiro serán eliminados, por lo que las vacantes no quedarán disponibles para incorporar nuevos empleados.
Entre las exclusiones figuran integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, personal de inteligencia, trabajadores del Servicio Exterior y otros sectores específicos.
Tampoco podrán acceder quienes estén procesados por delitos contra la administración pública o tengan sumarios administrativos graves pendientes. Los empleados que mantengan reclamos laborales contra el Estado deberán desistir de esas acciones para incorporarse al programa.
Otro de los puntos centrales de la normativa es que quienes acepten el retiro voluntario no podrán reincorporarse al Sector Público Nacional durante ocho años.
Las autoridades tendrán un plazo de 40 días corridos desde el cierre de la inscripción para resolver las solicitudes. Si no existe una aceptación expresa dentro de ese período, el pedido se considerará rechazado.
La implementación estará a cargo de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
La iniciativa forma parte del proceso de reorganización de la administración nacional impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que busca reducir la dotación de personal y el gasto público mediante distintos programas de desvinculación.
La medida quedó formalizada con su publicación en el Boletín Oficial de este lunes.
