
Milei convocó a sesiones extraordinarias
Entre el 10 y el 30 de diciembre. El oficialismo de La Libertad Avanza buscará sancionar el proyecto de Presupuesto 2026 y aprobar otra serie de reformas. Los detalles.
El presidente Javier Milei firmó el decreto que convoca a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. En ese período, el oficialismo de La Libertad Avanza buscará sancionar el proyecto de Presupuesto 2026, al mismo tiempo que busca iniciar las gestiones administrativas para comenzar los debates en comisión de las diferentes reformas que son impulsadas desde el Poder Ejecutivo.
El anuncio fue hecho esta tarde por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que comunicó que el Presidente se aprestaba a firmar el decreto de la convocatoria, el cual incluirá el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal, la reforma laboral (o Ley de Modernización Laboral), la reforma tributaria, la modificación de la Ley de Glaciares (que incluye cambios en otras normativas) y la reforma del Código Penal.
La medida se publicará en el Boletín Oficial el martes 9 de diciembre, día en el que se prevé que el Consejo de Mayo realice una conferencia en Casa Rosada para presentar los proyectos oficiales. Hasta entonces, el oficialismo afirma que todos los borradores y anteproyectos no son oficiales.
La Casa Rosada cree que este año debe darse una aprobación presupuestaria. No como los dos años anteriores, que utilizaron las prórrogas del proyecto de 2023 para pisar gastos a los fines de cumplimentar el objetivo de déficit cero. La ratificación de la Ley de Leyes es algo que pide la oposición (dialoguista e intransigente) como los agentes económicos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El Presupuesto vendrá con dos iniciativas complementarias: una es la Ley de Inocencia Fiscal que el Gobierno busca aprobar para incentivar a que los ahorristas ingresen a la formalidad los “dólares del colchón”. Además, buscarán implementar una iniciativa “de regla fiscal” para que no se pueda aprobar un incremento presupuestario si no se informa cómo se puede financiar.
Pese a que el Gobierno quería mantenerlo lo más guardado posible, resultó inevitable que salieran versiones muy aproximadas a la reforma laboral que se revelará el martes que viene. Se prevé dos grandes grupos de reformas en materia laboral. El primero incluye modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, con énfasis en la eliminación de las denominadas “zonas grises” que inciden en los montos pagados por indemnizaciones.
Se introducirán cambios en los requisitos para demostrar la existencia de un “daño” al empleado, con el objetivo de limitar la posibilidad de que los jueces eleven los montos que deben afrontar las empresas en caso de despido. Los equipos encargados del proyecto sostienen que será el trabajador quien deba acreditar la existencia de un daño.
También se propone modificar el principio de “ultraactividad”, que extiende la vigencia de los convenios vencidos, y se plantea incorporar la “prelación”, para que un acuerdo laboral de alcance menor (por empresa, municipio o provincia) tenga prioridad sobre uno general que abarque toda la actividad.
La propuesta libertaria para las modificaciones penales estará compuesta por más de 900 artículos que centrarán sus modificaciones en intensificar la política criminal, para dotar a los magistrados de herramientas y, a su vez, evitar “arbitrariedades” a la hora de evaluar cada causa. Bajo esa premisa, habrá una “actualización” de penas para delitos que revisten gravedad como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas.
La modificación penal no tendrá un tratamiento prioritario si se la compara con la reforma tributaria. Esta podría incluir la creación de un “Súper IVA” para que sean las provincias quienes comiencen a recaudar una parte de estas, pero debiendo competir con otros distritos para atraer inversiones.
Esto mismo se pretende con la modificación de la Ley de Glaciares para que sea cada provincia la que defina a partir de cuántos kilómetros de una zona periglaciar puede desarrollarse una actividad minera. A esa reforma se le prevé incluir cambios en la Ley de Promoción Minera y en la Ley de Tierras para limitar la compra de inversores extranjeros.
Fuente: Infobae