Nación adjudicó la concesión de las rutas nacionales 3, 205 y 226 por veinte años
Así, se abre una etapa de gestión privada sobre más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales que se extenderá por veinte años.
Este viernes 15 de mayo, el Gobierno nacional a través del ministerio de Economía dio a conocer la adjudicación de dos tramos clave de la Red Federal de Concesiones viales, abriendo una etapa de gestión privada sobre más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales que se extenderá por veinte años.
La resolución oficial designó a las empresas ganadoras de los tramos Sur-Atlántico-Acceso Sur y Pampa. La noticia fue anunciada por Luis Caputo, ministro de Economía, a través de sus redes sociales, donde sostuvo: “Hoy firmamos la resolución de adjudicación de los tramos que integran la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. El Tramo Pampa comprende la RN 5 hasta su empalme con la RN 35, mientras que el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur incluye las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery, y las RN 3, 205 y 226. Son más de 1.800 km de rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100 % privada y mejores estándares de servicio para los argentinos”.
En el caso del Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur que comprenden, entre otras, las rutas nacionales N° 3, N° 205 y N° 226 que cruzan la séptima sección electoral, la concesión recayó sobre el consorcio conformado por CONCRET NOR SA, MARCALBA SA, POSE SA y COARCO SA. La oferta presentada por estas firmas ascendió a 997 pesos, sin IVA, para la tarifa de peaje.
Por su parte, el Tramo Pampa quedó en manos de CONSTRUCCIONES ELECTROMECáNICAS DEL OESTE SA, que propuso una tarifa de peaje 2.355,37 pesos, también sin IVA y para el mismo plazo de dos décadas. Este segmento de la red abarca la Ruta Nacional 5 desde su inicio hasta el empalme con la Ruta Nacional 35, atravesando regiones con fuerte actividad cerealera y ganadera.
Ambos contratos establecen que las inversiones necesarias para la modernización, mantenimiento y mejora de los servicios correrán por cuenta exclusiva de las empresas adjudicatarias, sin aportes ni subsidios por parte del Estado. El objetivo declarado del gobierno es fomentar estándares más altos de calidad y eficiencia en la gestión de la infraestructura vial. Según la publicación oficial, el nuevo esquema busca “mejores estándares de servicio para los argentinos”, en palabras de Caputo.
