RECONOCER UN PROBLEMA. ¿ES LA SOLUCION?
El Municipio impulsa la creación de una Guardia Urbana y, con ello, reconoce un problema que durante mucho tiempo minimizó. ¿Se trata de una herramienta eficaz para prevenir el delito o de una estructura con más interrogantes que respuestas sobre su financiamiento, funcionamiento y verdadero alcance?
Por Esteban Di Carlo
Luego de varios sucesos violentos ocurridos este año en la ciudad, ataques de jóvenes, videos con armas, heridos de balas, robos continuados en comercio, lo que se denominó en su momento la conurbanización de Olavarría, y a pesar del intento primario de negar la realidad y desconocer los hechos, pareciera que el Poder Ejecutivo municipal empieza a intentar alcanzar un principio de solución a un problema central de la ciudad.
Que Olavarría se ha tornado violenta, no hay dudas.
Que se ha conurbanizado, también.
En su momento, Federico Aguilera, edil camporista salió a decir en el Concejo Deliberante que: "Hay menos delitos que el año pasado".
Crece no solo en Olavarría, sino en gran parte de la Provincia de Buenos Aires, y principalmente en el Conurbano, donde a diario y a plena luz del día, a pesar de la presencia de cámaras que graban los hechos, los delincuentes no tienen reparo alguno para transgredir la ley.
En el 2024, se produjeron entre asaltos, robos y hurtos casi 1500 hechas, lo que promediaba cuatro hechos delictivos por día.
Estos son los hechos denunciados, muchos otros no forman parte de las estadísticas, porque la víctima no pierde tiempo en algo que cree no va a tener resultado positivo, y prefiere concentrarse en su indignación antes que realizar un raid por las sedes policiales y judiciales.
Dentro de las prioridades, debería aparece combatir el delito.
En la etapa previa (prevencion), y en la posterior (represión).
No alcanzaron en su momento, las reuniones del Intendente con el personal policial, pero aparece en el horizonte el proyecto de creación de la guardia urbana, que deberá tratarlo el Concejo Deliberante en las próximas sesiones.
En efecto, el proyecto 129/2026 reza "la necesidad de pensar y desarrollar políticas a largo plazo que contribuyan al fortalecimiento preventivo y disuasivo de ilícitos y faltas en general, con el objeto de reforzar la presencia en la vía pública en colaboración con las fuerzas de seguridad provinciales y federales".
Reconoce la inseguridad reinante, y la desprotección en el que viven los vecinos de la ciudad, y plantea la creación de un cuerpo orientado a prevenir situaciones de conflictos generales en la vía público, en el control de tránsito, espacios públicos, y con fuerte accionar en los barrios, en asociación con los vecinos.
Ahora bien, no será un cuerpo policial, solo actuará en complementación con la Policía de la Provincia, y daría la sensación que su actuación estará enfocado a dar las alertas tempranas, para que con posterioridad se presente el personal policial, actuando básicamente en conflictos de baja intensidad.
Su función será más bien pasiva, en situaciones de conmoción pública, perímetros de seguridad, eventos masivos y públicos; sin embargo, autorizaría a la aprehensión de personas en situación de flagrancia, y utilizarían armas de baja letalidad, que solo podrían usar en determinadas situaciones previstas por el reglamento, bastante limitado en su accionar.
Hasta ahí la función que tendría en la ciudad.
Entre los requerimientos para poder formar parte de la fuerza, además de la edad, los estudios, y demás requisitos, se prioriza a aquellos aspirantes "que estén dentro de la órbita del empleo municipal".
Una desigualdad evidente entre ciudadanos, violando el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 16 de la Constitución nacional, al crear diferencias arbitrarias, otorgando beneficios o privilegios exclusivos a un sector sin que existan fundamentos basados en la idoneidad o en circunstancias objetivas.
El principio de igualdad exige que el aspirante demuestre su capacidad real para el puesto mediante evaluaciones técnicas transparentes.
Pertenecer a la órbita del empleo municipal no implica idoneidad.
Dentro del organigrama de esta nueva División, aparece una Jefatura designada por el Intendente, una Subjefatura de Operaciones, también cuya designación dependerá del Intendente, Área de administración, y distintas Jefaturas de servicios dependientes de la subjefatura de operaciones, sin informar el número de integrantes que va a tener.
No obstante ello, la presencia de diferentes nombramientos jerárquicos, y burocráticos incrementan los gastos administrativos de este nuevo cuerpo, sin indicar el origen del dinero que se necesita para financiar el pago de los asalariados, el mantenimiento edilicio, la compra de unidades motoras, y uniformes, simplemente se limita a decir "autorízase al Departamento Ejecutivo a realizar erogaciones que fueran necesarias con imputación a la partida presupuestaria correspondiente, quedando expresamente autorizado para crear, modificar, o suprimir las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de tales efectos"
Es decir, quedará al libre arbitrio del Intendente la modificación de partidas en otras áreas para el cumplimiento de tales proyectos, dentro de un presupuesto que ya se encuentra con déficit estructural desde inicio de la gestión.
Habrá que ver dentro de dicha discrecionalidad cuales son las áreas afectadas, o simplemente se recurrirá una vez más al aporte de los olavarrienses a través de alguna suba de impuestos.
Tampoco dentro de la propuesta queda formalizado el mecanismo de control de los ingresos, ni auditoría, ni rendición de cuentas que deberá hacer la Guardia Urbana, en lo que se supone necesitará un holgado presupuesto para su funcionamiento.
Es cierto que con esta creación se logra mayor "presencia estatal" que implica abordar el delito de manera integral más allá de la represión y significa desarrollar políticas públicas que garanticen educación, trabajo, salud e infraestructura urbana.
Aparece la participación vecinal, mediante canales de diálogo y programas de seguridad local que permiten a los vecinos realizar solicitudes o propuestas directamente al gobierno y relacionadas específicamente sobre su hábitat.
Pero, dentro del mismo nada se dice sobre otras cuestiones que también hacen a la seguridad de una ciudad. inversiones en iluminación LED, creación del sistema de Senderos Escolares para disuadir delitos y generar entornos seguros; inclusión de más cámaras de videovigilancia, o la de Anillos Digitales en los accesos principales de la ciudad.
El problema que aquejaba a gran parte de los olavarrienses, ya fue reconocido por las autoridades.
Está el diagnóstico y parte de la solución.
¿Alcanzará?
