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SENTIMIENTO DE IMPUNIDAD

A un año de la ratificación de la condena a Cristina, las denuncias de corrupción y los interrogantes sobre la transparencia en el ejercicio del poder vuelven a ocupar el centro de la escena política. Nuevas sospechas alcanzan al jefe de gabinete, Manuel Adorni, reavivando el debate sobre la necesidad de una justicia que actúe sin privilegios.

SENTIMIENTO DE IMPUNIDAD

A un año de la ratificación de la condena a Cristina, las denuncias de corrupción y los interrogantes sobre la transparencia en el ejercicio del poder vuelven a ocupar el centro de la escena política. Nuevas sospechas alcanzan al jefe de gabinete, Manuel Adorni, reavivando el debate sobre la necesidad de una justicia que actúe sin privilegios.

Por Esteban Di Carlo

El 10 de junio históricamente ha sido el día de Reafirmación de los Derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

A partir del año pasado, será el día de la Reafirmación de la Justicia en la República, donde más que nunca quedó en evidencia el principio de igualdad inserto en la Constitución.

Ricos y pobres. Políticos y ciudadanos, todos iguales.

Los políticos también van presos.

En la semana anterior a la condena, Cristina Fernández de Kirchner había anunciado que iba a ser candidata a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral.

Un paraguas para cubrirse, los fueros que necesitaba.

No llegó a candidatearse, la ratificación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del fallo de Casación confirmó que Cristina Fernández de Kirchner debiera pasar los próximos años en prisión domiciliaria por haber, “utilizado la estructura estatal, abusado de sus cargos, y de las herramientas que facilitaba el ser parte del Poder Ejecutivo Nacional, para realizar sus actividades ilícitas en perjuicio del erario público y de la ciudadanía toda...."

Todo ello fue realizado de manera organizada y con distribución de roles y coordinados por quien fuera la jefa de la empresa criminal: Cristina Fernández de Kirchner”.

En todo ese año, infinidad de funcionarios, entre ellos el Intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner y el intendente de Azul, Nelson Sombra, ambos pertenecientes a La Cámpora, brindaron el apoyo a una política corrupta, primero en forma presencial, y después a través de las redes sociales.

Dicho respaldo, volvió a expresarse durante el aniversario de condena, el "contador" cuestionó la condena judicial que pesa sobre la ex mandataria, al considerar que se trata de una decisión injusta y con motivaciones políticas.

El jefe comunal sostuvo que Fernández de Kirchner es inocente y afirmó que el proceso judicial estuvo “plagado de irregularidades”, además de señalar que careció de garantías constitucionales.

Lejos de provocar indignación por una persona corrupta, que se quedó con el dinero del pueblo, y de los contribuyentes para beneficio propio, el intendente luce irritado por la condena.

A la militancia no le interesa la realidad, compran el relato, e insisten en el law fare, irregularidades procesales, condenas injustas, y proscripción.

El mismo camino judicial seguramente transitará a partir de ahora, el actual Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien presentó en la semana una declaración jurada con enormes inconsistencias, haciendo alusión a dinero en negro no declarado, y grandes ganancias a través de inversiones criptos.

Poco creíble.

Nada creíble.

El error del actual gobierno es mantener en funciones a quien omitió, mintió e inventó un relato.

En efecto, la llegada al gobierno del espacio libertario tenía inmersa la idea de pulcritud e intolerancia a la corrupción.

No parece ser el caso de Adorni, quien durante meses estuvo haciendo equilibrio en sus declaraciones, para posteriormente presentar una declaración jurada patrimonial endeble e incoherente.

Deberá enfrentar ahora una investigación por presunto enriquecimiento ilícito por inconsistencias en su patrimonio, al admitir poseer más de medio millón de dólares en "negro", intentando reconfigurar la causa judicial de corrupción a una infracción tributaria mediante una rectificación de sus declaraciones.

Adorni declaró públicamente que poseía ahorros no declarados provenientes de veinticinco años de actividad privada, admitiendo haber mentido en sus Declaraciones Juradas y ante el Congreso.

Entre lo investigado se encuentran gastos en viajes, remodelación de una vivienda y supuestas propiedades incompatibles con sus ingresos declarado.

La estrategia legal de incorporarse al Régimen de Inocencia Fiscal para depositar los impuestos adeudados y evitar la acusación principal, podrá constituir un beneficio para el proceso penal, pero lo condena éticamente.

La Justicia deberá actuar, e investigar con la celeridad que no tuvo en las causas donde está involucrada la ex presidente.

Suceda lo que suceda, no tendrá un Maximiliano Wesner que lo defienda, ni nadie denunciará irregularidades, ni falta de garantías constitucionales.

A los 46 años, tuvo un rápido ascenso, un momento de apogeo y una rápida caída.

El poder es nostálgico, todo lo que empieza, acaba; y la pérdida de poder genera vulnerabilidad.

Manuel Adorni comenzará a peregrinar por los pasillos judiciales.

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