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UNICEN cuestionó el informe que propone prohibir los celulares en las cárceles

Difundió un documento en respuesta al informe presentado por el Auxiliar Fiscal Federal de Azul, Lucas Moyano, que plantea prohibir el uso de teléfonos celulares con acceso a internet en las cárceles bonaerenses.

UNICEN cuestionó el informe que propone prohibir los celulares en las cárceles

Difundió un documento en respuesta al informe presentado por el Auxiliar Fiscal Federal de Azul, Lucas Moyano, que plantea prohibir el uso de teléfonos celulares con acceso a internet en las cárceles bonaerenses.

Cárceles Conectadas o Cárceles a Ciegas: La UNICEN cuestionó el informe que propone prohibir los celulares 

La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), a través de distintos espacios académicos, difundió un documento en respuesta al informe presentado por el Auxiliar Fiscal Federal de Azul, Lucas Moyano, que plantea prohibir el uso de teléfonos celulares con acceso a internet en las cárceles bonaerenses.

En el texto, los firmantes sostienen que eliminar el protocolo vigente no terminaría con los ciberdelitos, sino que trasladaría el uso de los dispositivos a la clandestinidad, dificultando el control y las investigaciones judiciales.

Además, cuestionan la instalación de inhibidores de señal al considerar que podrían afectar las comunicaciones del personal penitenciario, los servicios de emergencia y a los vecinos de las zonas cercanas a las unidades carcelarias.

El documento también destaca que, según datos citados de la Comisión Provincial por la Memoria, menos del 1% de los celulares registrados para personas privadas de la libertad fueron vinculados a investigaciones por ciberdelitos.

Desde la UNICEN remarcan que los teléfonos celulares son una herramienta fundamental para garantizar el derecho a la educación en contextos de encierro. Señalan que una gran parte de los estudiantes utiliza estos dispositivos para acceder a bibliografía, enviar trabajos y brindar conectividad a las computadoras disponibles en las aulas.

Finalmente, las instituciones firmantes sostienen que la seguridad pública debe fortalecerse mediante mayores controles, auditorías y políticas de inclusión, y no a través de una prohibición absoluta que, según afirman, comprometería derechos y dificultaría la reinserción social.

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